En el periodo 2010-2013 Ecuador logró un récord internacional en disminución del embarazo de adolescentes, en el marco de estrategias intersectoriales de intervención: en personas de 10 a 14 años se redujo en un 10,2%, y en personas de 15 a 19 años de edad se redujo en un 12,9%. Tan solo se acercan a este logro, en el mismo periodo, en el grupo de 15 a 19 años, Honduras (12,2% de reducción) y Estados Unidos (11,7% de reducción).

Esto se desprende del análisis de indicadores oficiales establecidos recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), comparados con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Banco Mundial.

Cabe destacar que, como parte de estrategias intersectoriales, el MSP emitió el Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos, de marzo de 2013, el cual estableció que la institución “proveerá información, asesoría y entregará métodos anticonceptivos, a través de sus Establecimientos de Salud, siendo obligación de éstos garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita y oportuna, incluida la anticoncepción oral de emergencia (…)”.

En la actualidad todas las unidades del MSP cuentan con al menos 5 métodos anticonceptivos modernos (preservativos, implantes, dispositivos intrauterinos, pastillas hormonales combinadas y anticonceptivos orales de emergencia). En 2014, la cobertura de la planificación familiar en las unidades del MSP llegó al 14%, frente al 10% en 2010.

Cabe destacar que el embarazo de adolescentes de 10 a 14 años es mayoritariamente ocasionado por abuso sexual. En razón de esto, el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía General del Estado, con el apoyo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, desarrollaron la «Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género», lanzada en abril de este año, que tiene como objetivos fundamentales normar la atención integral en salud en casos de violencia de género; dotar herramientas técnicas que faciliten la atención a pacientes que sufren violencia de género; implementar acciones básicas de coordinación, articulación y mejoramiento de recursos interinstitucionales; y facilitar el acceso de las víctimas de violencia al Sistema de Justicia.