Quito, 28 de febrero de 2022.

En modalidad virtual, cerca de 1000 profesionales de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) participaron en la capacitación sobre violencia basada en género, secreto profesional y confidencialidad. El taller de desarrolló el pasado 25 de febrero de 2022.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), garante de la igualdad de derechos, deberes y responsabilidades en la atención y servicios de salud, planifica la transformación del sistema de salud. En esta ocasión dentro de uno de los ejes de la estrategia nacional “Reactivando la Salud” (RAS) se fortalecen las capacidades del talento humano.

En el inicio del seminario, Francisco Vallejo, subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e igualdad del Ministerio de Salud Pública (MSP), señaló que “los profesionales de salud tienen el deber de brindar una atención integral y segura. Además, proteger a sus pacientes a través del secreto profesional y confidencialidad de la información del usuario”. Agregó que ambos son inherentes al ejercicio profesional en salud y son derechos de los pacientes en todo el sistema nacional de salud.

La violencia basada en género es un problema de salud pública que vulnera derechos humanos e incrementa la mortalidad de mujeres y niñas. Implica la vulneración a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre la vida sexual y reproductiva.

También son amenazas, coerción o uso de fuerza e intimidación. El acoso y esclavitud sexual, el matrimonio precoz, la mutilación genital femenina, el embarazo forzado y el incesto se consideran otros tipos de violencia sexual.

Vallejo insistió en que para eliminar la violencia de género se requiere de acción política de todos los niveles, acceso integral y seguro a la atención de salud. Mencionó los datos de la encuesta de violencia contra las mujeres del INEC. Cuatro millones de mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Casi el 57 % experimentó violencia psicológica, más del 30 % violencia física y más del 32% violencia sexual.

El secreto profesional en salud es inherente al ejercicio de la profesión y se establece como un derecho del paciente para su seguridad, sin excepciones tanto en la atención privada o pública de salud, adicionó el subsecretario Vallejo.

Lola Valladares, oficial de Género de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) fue una de las ponentes. Describió los estándares internacionales, así como los artículos de la Constitución de la República y la normativa del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en torno al derecho a una vida sin violencia.

Reseñó los pasos de la norma técnica de Atención Integral a Víctimas de Violencia basada en Género (VBG) y Graves Violaciones a los Derechos Humanos del (MSP). La ruta comienza en el momento mismo en el que la víctima acude a los establecimientos de salud. El protocolo determina la activación del código púrpura que incluye la escucha activa, examen físico, levantamiento de la historia clínica, valoración de salud mental, diagnóstico y tratamiento. Además, registro del caso, valoración psicosocial, plan de emergencia, notificación a la autoridad pertinente y seguimiento.

Valladares comentó que las víctimas de violencia basada en género y de violencia sexual manifestaron cuáles son las barreras que encontraron en el acceso a los servicios de salud. Estigma, vergüenza, temor a sufrir discriminación, sentimiento de culpabilidad, revictimización institucional, falta de respuesta y naturalización de la violencia, entre otras.

Por otro lado, Ana Vera, directora Ejecutiva de SURKUNA, abordó el tema del secreto profesional y confidencialidad en el ámbito sanitario. Ella hizo un llamado a los profesionales y trabajadores de salud para garantizar la confidencialidad de la atención. Detalló ejemplos en los cuales se rompió el secreto profesional. “El derecho a la confidencialidad es reconocido en nuestra Constitución. Es pilar de la atención porque protege al paciente y al profesional de salud. Es un bien jurídico protegido que el Estado precautela. Es importante en términos legales y de funcionamiento del sistema de salud”, enfatizó.

Otra de las ponentes fue Ana Lucía Martínez, docente de la universidad de las Américas (UDLA). Explicó qué es la ética, la deontología médica y el secreto profesional. “No podemos hablar de que los médicos tienen que ser solo éticos. En el contexto de la atención de salud hay un deber bioético que está amparado legalmente y es garantía de los derechos humanos”. Insistió en la necesidad de que la formación de los futuros profesionales de ciencias médicas incluya el tratamiento de la bioética.

Afirmó que el valor del secreto médico no puede quedar a discreción de profesional de salud; debe estar regulado. Este promueve una relación terapéutica basada en veracidad y confianza. El registro de las historias clínicas fidedignas, completas y útiles. Asimismo, válidas para el control, seguimiento y la investigación de salud.

En todos los establecimientos de salud del país se accede a información privilegiada de los pacientes. Los datos ayudan tanto para el diagnóstico, asesoría y toma de decisiones. En la mayoría de los casos genera un círculo de confianza en el sistema de salud porque facilita el acceso a servicios y, con ello, la garantía de otros derechos humanos como: la vida, la integridad, la intimidad y el bienestar de la población.

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