Actualmente se discute en la Asamblea Nacional el Código Monetario y Financiero, enviado por el Ejecutivo, el cual contempla la derogatoria de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, normativa aprobada en la década de los 90, en los peores momentos de la implementación de políticas neoliberales, cuando hasta en los establecimientos públicos se cobraba por la atención médica. En ese contexto, la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia representó una conquista social liderada por el movimiento de mujeres, que ha sido recogida y ampliada para toda la población, en la Constitución de 2008, que estableció la gratuidad de todos los servicios de salud públicos.

El Ministerio de Salud Pública recuerda que, de conformidad con la Constitución, se mantiene la gratuidad de todos los servicios de salud para las personas que habitan en el territorio ecuatoriano, entre ellas las mujeres en edad fértil, en embarazo, parto y puerperio (período inmediatamente posterior al parto), y para niños y niñas menores de cinco años.

El artículo 43 de la Constitución establece que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia “la gratuidad de los servicios de salud materna”, y en el artículo 362 se establece que “Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención”.

El Ministerio de Salud Pública, consciente de la progresividad de los derechos, continuará garantizándolos como lo hemos hecho en nuestra labor diaria, yendo mucho más allá en la atención de la maternidad y la infancia, con mejores servicios y mayor cobertura.

El Ministerio de Salud Pública trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas y la Asamblea Nacional, de manera que se incluirá en el Proyecto de Código Monetario y Financiero la disposición de que los recursos económicos previstos en la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia sean transferidos a esta Secretaría de Estado vía Presupuesto General del Estado.

Así mismo, se está construyendo el nuevo Código Orgánico de la Salud en el que se incluiría, de forma detallada, cada una de estos elementos, y de manera más amplia, en el marco de la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.