Quito, 6 de agosto de 2020

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó, este 5 de agosto de 2020,  el informe efectuado sobre el análisis de los asambleístas de los períodos legislativos 2013 – 2017 y 2017 – 2021, que cuentan con carnés de discapacidad. En la documentación entregada se señala, además, el tipo y porcentaje de discapacidad según los datos registrados en el Sistema de Información en Línea (SIL), que se utiliza para la emisión de estos documentos.

Dicha información fue solicitada por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el pasado 30 de julio, en el marco del proceso de investigación sobre la entrega de carnés de discapacidad. De esta manera, el MSP cumplió con los plazos establecidos para la entrega correspondiente.

El MSP, a través de la Dirección Nacional de Discapacidades, ha identificado 2.454 carnés de discapacidad con presuntas irregularidades en su proceso de emisión, hasta la fecha. Estos se encuentran en proceso de auditoría. Además, 1.140 están en trámite de notificación, verificación de documentos habilitantes y eliminación.

Paralelamente, y dados los hechos de corrupción denunciados en semanas anteriores, se han presentado 23 denuncias contra funcionarios de esta institución y 11 denuncias contra ciudadanos presuntamente beneficiados.

La documentación entregada en cumplimiento de la responsabilidad institucional, contiene información de carácter privado y confidencial, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concomitante con lo señalado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos.

El Ministerio de Salud Pública está presto a proporcionar la información necesaria para continuar con la investigación correspondiente, las veces que sean necesarias, con el firme propósito de contribuir a que todos los procesos ejecutados en este ámbito, estén apegados al marco normativo y enmarcado en la transparencia.

El Gobierno Nacional y la institución, ente rector de la salud en el país, no escatiman esfuerzos en transparentar este y todos los procesos administrativos que podrían afectar los derechos de los ecuatorianos, especialmente de los sectores vulnerables; así como en cuanto al manejo de recursos públicos.

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