Quito, 05 de enero de 2022

En el marco de la promoción de la salud en las parroquias rurales del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional de Gobierno Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) suscribieron un convenio interinstitucional. La firma se realizó este miércoles 05 de enero de 2022, en Quito.

El objetivo es que los gobiernos parroquiales rurales, en el marco de sus competencias, diseñen e impulsen acciones para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Para ello, deberán implementar mejores entornos, espacios y prácticas de vida saludables en las localidades rurales; se ejecutarán acciones relacionadas con los determinantes sociales y ambientales para la reducción de la desnutrición crónica infantil; promoverán la alimentación nutritiva para prevenir la morbimortalidad materna y neonatal.

En el convenio se incluyó la promoción de la salud sexual y reproductiva, en especial, en población de niños y adolescentes. La finalidad es reducir el embarazo en este grupo etario. Además, se realizarán acciones con una vida libre de violencia; prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas, entre otras.

Ximena Garzón Villalba, ministra del ramo, resaltó la importancia de suscribir el documento con Conagopare. “Nos permitirá fortalecer la cooperación interinstitucional en el marco de la promoción de la salud”.

Y añadió que “el sector rural demanda de nosotros una especial atención, pues durante muchos años fue descuidado y los registros estadísticos dan cuenta de que al menos diez de las principales causas de muerte en el país, precisamente se concentran en esa área”.

En la suscripción del convenio estuvo presente Yilda  Rivera, presidenta Nacional de la Conagopare. Destacó el apoyo de los 823 gobiernos parroquiales. “Todos están alineados para garantizar el derecho a servicios sanitarios de calidad para los ciudadanos”.

El Ministerio de Salud Pública, además, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, articulará acciones con Conagopare, para combatir de manera conjunta los efectos provocados por la COVID-19. El plazo será de cinco años; contados a partir de la fecha de suscripción. Podrá ser renovado por varios períodos.

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