En su intervención, la ministra Espinosa, manifestó que el problema en el Ecuador es que aún no se logra garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos como establecen los mandatos internacionales y la Constitución

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, participó como ponente en el evento “Tiempo de Derechos” en el que se abordó como temática principal los derechos sexuales y derechos reproductivos. El encuentro se realizó este martes 12 de diciembre de 2017 en la Asamblea Nacional del Ecuador, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, fueron parte de los expositores el ministro de Educación, Fander Falconí, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado y Ramiro Rivadeneira, de la Defensoría del Pueblo. Asimismo participaron representantes de la academia y de la sociedad civil, colectivos, organismos internacionales y público en general.

El objetivo principal del evento fue generar un espacio de discusión y debate sobre el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador, así como también colocar en la agenda pública temas como el embarazo en adolescentes,  la judicialización de mujeres que acuden con pérdidas gestacionales a los establecimientos de salud, y la violencia sexual en el ámbito educativo.

En su intervención, la ministra Espinosa, manifestó que el problema en el Ecuador es que aún no se logra garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos como establecen los mandatos internacionales y la Constitución. “No garantizar estos derechos genera graves resultados como por ejemplo el embarazo en adolescentes; esto no es un fenómeno aislado o separado de la violencia sexual, del machismo. Es una consecuencia directa de la forma cómo hombres y mujeres vivimos nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos”.

La ministra resaltó que las cifras de embarazo en adolescentes, especialmente en menores de 14 años son alarmantes en el país y están vinculadas directamente a violencia sexual. “Creo que los ecuatorianos debemos quitarnos el velo de los ojos diciendo que el machismo no existe, que eso es algo del pasado. Esta es una problemática en la cual todos tenemos responsabilidad y por lo tanto todos debemos aportar en la solución”.

Según la Encuesta de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) se determina que en Ecuador cuando se trata de adolescentes de 10 a 14 años, 9 de cada 10 tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas. De éstas, 8 de cada 100 se embarazaron de hombres de 30 años o más. Del total de los embarazos en menores de 15 años, el 80% fueron producto de violencia sexual. La evidencia señala que estas adolescentes tienen hasta el triple de posibilidades de muerte por causas maternas en comparación con las mujeres adultas, y lo mismo ocurre con la muerte fetal tardía y con la mortalidad infantil.

Finalmente la ministra Espinosa se refirió a algunas acciones realizadas sobre la temática. “Con orgullo, luego de casi 5 años de lucha, emitimos el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, donde se aborda frontalmente y sin tapujos los problemas relacionados a la salud sexual y salud reproductiva, incluyendo la problemática del embarazo en adolescentes”. Esta política pública busca fortalecer la rectoría, la redefinición del enfoque en la provisión integral de servicios de salud, además, busca reducir las brechas en la provisión de servicios de salud sexual y salud reproductiva integrales.

Este plan nacional promueve la inclusión, la igualdad y el respeto de los derechos humanos en el marco de la salud sexual y salud reproductiva. Articula aspectos de la gestión del Sistema Nacional de Salud, asegurando la ampliación de la cobertura en salud sexual y salud reproductiva en la Red Pública Integral de Salud.

Con esto la ministra Espinosa recalcó: “Implementamos planes y acciones concretas, por ejemplo la educación sexual y planificación familiar. Alrededor de $ 24 millones le costaría al Estado garantizar de manera universal la planificación familiar. Actualmente el costo de atender embarazos no intencionados (aquellos no planificados y no deseados) le cuesta al Estado $ 68 millones. Las acciones que el Estado tiene que emprender son muchas y entre ellas está la ejecución del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva en todo el Sistema Nacional de Salud”.

El costo de atención de un embarazo no intencionado es 5.4 veces más alto que el monto de inversión para prevenirlo.

En este contexto, el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva contribuirá al cumplimiento de las metas planteadas en torno a la reducción de embarazos en adolescentes, mediante el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud amigables y de calidad para adolescentes en el Sistema Nacional de Salud.

Quito, 12 de diciembre de 2017.