La ministra de Salud, Verónica Espinosa, compareció este miércoles 5 de julio ante la Comisión de la Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, para proponer ajustes que permitan enriquecer el debate del Código de la Niñez y de la Adolescencia.

La secretaria de Estado indicó que en este cuerpo legal se han identificado tres puntos que pueden ser considerados como debilidades para el pleno ejercicio de las funciones del Ministerio de Salud Pública.

El primero es la investigación clínica en niños y adolescentes. Al respecto manifestó que el país adolece de una legislación fuerte sobre este tema, por lo que la investigación se hace pero no se salvaguarda a los sujetos de investigación que en este caso son los seres humanos.

“La investigación científica muchas veces ha vulnerado los derechos de los seres humanos, y eso nos debe llevar a la conclusión de que si bien es necesaria debe ser estrictamente regulada para saber cómo, cuándo se puede hacer, cómo debe funcionar el consentimiento informado y otros aspectos que están alrededor de este tema”.

Informó que se emitió un reglamento para la vigilancia y control de ensayos clínicos, y es un enorme avance, pero se requieren ajustes en el artículo 20 del Código actual para que se permita hacer ensayos clínicos e investigación en casos específicos y muy estrictos enfocados en la bioética y en la protección de los niños .

“Nuestro pedido es que se analice y que haya una redacción muy clara que indique si se va a permitir o no ensayos clínicos y si la respuesta es positiva que se hagan con absoluta observancia de las normas de bioética y protegiendo siempre a los sujetos de investigación que son los niños”.

Enfatizó que este tipo de investigaciones deben estar separadas de lo que es la manipulación genética de fetos y embriones, que ya están prohibidos en otros marcos legales, como el Código Orgánico Integral Penal.

El segundo punto es sobre la opinión de los menores en temas relacionados con su salud. La ministra sostuvo que es importante que la opinión de los niños y de los adolescentes sea tomada en consideración en los tratamientos médicos.

“Es importante hablar del asentimiento informado, que es la aceptación que tiene el menor de edad a un tratamiento específico y el objetivo es que el sistema de salud pueda manejar una comunicación más directa y sentida con el paciente para explicarle los procedimientos a los que se le va a someter. El asentimiento informado es complementario al consentimiento informado”, señaló.

Lo que se propone es que en el artículo 60, que tiene que ver con el derecho a ser consultados, se incluya esta frase: “En los casos de salud el profesional deberá informar al menor de edad el procedimiento de atención propuesto para su cuidado y deberá solicitar a más del consentimiento informado de sus padres, el asentimiento informado del menor de 12 a 17 años, en los casos de atención sanitaria que impliquen riesgo mayor; si la decisión del menor es negativa deberá respetarse siempre. Para el desarrollo de investigaciones con menores de edad se deberá solicitar, a más del consentimiento informado suscrito de sus padres, el asentimiento firmado por el menor de edad de 12 a 17 años”.

La tercera sugerencia a la Comisión es que considere que los exámenes de ADN para determinar la paternidad, que actualmente son una competencia del Ministerio de Salud Pública, se realicen en otros centros especializados, puesto que este no es un servicio que está vinculado con la salud de una persona, ni relacionado con el derecho a la salud, la provisión y la atención integral.