Este viernes 13 de octubre, en la sede de Unasur, en Quito, se desarrolló el “Foro Internacional Sobre Derechos en el Acceso a Medicamentos: la Judicialización de la Salud”, organizado por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud-ISAGS, la Organización Panamericana de la Salud-OPS y el Consejo Nacional de la Judicatura, con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela de la Función Judicial.

La judicialización del acceso a los medicamentos consiste en el uso de demandas judiciales para forzar a gobiernos a proporcionar acceso medicinas que no han sido incorporadas en la cobertura pública de salud. Estos medicamentos usualmente no garantizan su calidad, seguridad y eficacia, sin embargo, tienen altos costos, por lo que impactan considerablemente el financiamiento de los sistemas nacionales de salud; como consecuencia, temas que deberían ser prioritarios resultan postergados. En ciertos países, se ha detectado que han existido intereses comerciales detrás del patrocinio de algunas de esas demandas judiciales.

Al foro asisten jueces, representantes de la Defensoría del Pueblo, funcionarios del sector salud, académicos y comunicadores. Como ponentes, participan autoridades nacionales e internacionales de ministerios de Salud y de instituciones judiciales, representantes de organismos internacionales, académicos de varios continentes y administradores de justicia de Suramérica.

El acto inaugural del Foro contó con la presencia de Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública; Yuri Chillán, jefe de gabinete de la Unasur; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura; Paulina Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia; Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo; Johanna Pesántez, secretaria Jurídica de la Presidencia.

Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública del Ecuador, resaltó la importancia de este tipo de encuentros, que reúnen a expertos nacionales e internacionales con objetivos comunes que propicien el intercambio de experiencias sobre una temática que preocupa a todos países de la región.

Indicó que “el derecho a la salud debe ser colectivo y basarse en los principios de equidad, solidaridad, eficiencia, eficacia y calidad. La salud es un derecho constitucional que tiene principios, y tenemos que analizar cada uno de ellos para hacer vivo ese derecho”.

“La salud no se puede garantizar por decreto ni por disposición judicial o sentencia, la salud necesita de recursos, de fuentes de financiamiento y de la participación ciudadana, de una priorización, necesita límites, y eso es lo que estamos invitados a discutir”, manifestó la Secretaria de Estado.

En su intervención, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, comprometió todos los esfuerzos para encontrar, en conjunto, respuestas a las preguntas sobre el rol del sistema de justicia en el acceso la salud, que no puede quedarse como una definición escrita. “Las conclusiones que de aquí salgan servirán de material de discusión para superar los dilemas éticos de todos los días, no solo en el marco de los principios internacionales, sino en los que pueden afectar la política pública”.

A través de un enlace digital desde Brasil, Carina Vance, directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), indicó que el Consejo Suramericano de Salud de Unasur “ha expresado sus preocupaciones sobre este tema que está convirtiéndose en un enorme riesgo para la sostenibilidad de los sistemas de salud”.

Gina Tambini, representante de la OPS/OMS en Ecuador, comprometió el apoyo y seguimiento del organismo multilateral para que las conclusiones de este foro internacional se viabilicen.

Quito, 13 de octubre de 2017