El embarazo en niñas y adolescentes es un grave problema de desigualdad social, salud pública y de vulneración de derechos humanos. Conlleva un impacto social, económico y cultural debido a los vínculos entre pobreza, exclusión y fecundidad temprana. Además, el embarazo en este grupo poblacional está directamente relacionado con varias formas de violencia basada en género, entre ellas la violencia sexual.

La Encuesta de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) determinó que en Ecuador 3 de cada 10 mujeres en edad fértil de 12 a 49 años, tuvieron su primera relación sexual antes de los 18 años. 4 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años reportan haber tenido ya alguna experiencia sexual; y de estas adolescentes, el 18% han tenido un hijo (6). Para el año 2016 en el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 80 de cada 1.000 nacidos vivos son de adolescentes de 15 a 19 años.

Lamentablemente, la cifra empeora cuando se trata de adolescentes de 10 a 14 años, pues según esta encuesta 9 de cada 10 tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas. De estas, 8 de cada 100 se embarazaron de hombres de 30 años o más. Según lo establece el marco legal ecuatoriano, los embarazos en menores de 14 años son producto de violencia sexual. Según el INEC al 2016, tres de cada 1.000 nacidos vivos fueron de adolescentes de 10 a 14 años.

Para el Estado ecuatoriano esta problemática es una prioridad. Así, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2021, el embarazo en adolescentes se ha considerado como una línea estratégica. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y el Ministerio de Justicia (MINJUS) mantienen objetivos e intereses comunes vinculados a contribuir a que las y los adolescentes desarrollaren su pleno potencial, accedan de manera universal a servicios integrales y amigables de salud que incluyan salud sexual y salud reproductiva, asesoría e información basada en evidencia científica, así como a educación integral para la sexualidad y protección especial.

En este sentido, y con el acompañamiento técnico de organismos de cooperación internacional como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNICEF, organizaciones de la sociedad civil y la academia se ha elaborado la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018 – 2025.

Esta Política tiene como finalidad contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, del derecho a la integridad personal, del derecho a una vida libre de violencia, así como la obligación del Estado de proteger a las niñas y adolescentes contra toda forma de violencia basada en género incluida la violencia sexual.

Fortalecerá la coordinación intersectorial, la participación social y la gestión del conocimiento para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. La asignación de recursos económicos para salud, educación y protección en la niñez y adolescencia. El liderazgo y participación de organizaciones de la sociedad civil y de adolescentes en los procesos orientados hacia el desarrollo positivo de niñas, niños y adolescentes.

El evento de presentación se llevará a cabo este viernes 20 de julio, en la escuela Dolores Sucre, ubicada en Daule, provincia del Guayas y contará con la presencia de Verónica Espinosa, ministra de Salud, Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social; Rosana Alvarado, ministra de Justicia; Fander Falconí, ministro de Educación, que participaron en su definición, así como otras autoridades zonales, locales e invitados especiales.