El Ministerio de Salud Pública realizó importantes avances en la reforma del sistema de control, licenciamiento y manejo de los centros de recuperación de adicciones. Esto, con el objetivo de que no se vulneren los Derechos Humanos en estos espacios.

Está en vigencia el nuevo Reglamento para la Regulación de los Centros de Recuperación para Tratamiento a Personas con Adicciones o Dependencia a Sustancias Psicotrópicas que abarca la normativa jurídica para su funcionamiento, protocolos de control, vigilancia y monitoreo, lineamientos para el licenciamiento, entrega de permisos y sanciones.

Para su aplicación, el Ministerio de Salud se compromete a reforzar las medidas necesarias que están a su alcance en calidad de Autoridad Sanitaria Nacional y que son de su competencia con la finalidad de contribuir a la erradicación del supuesto «tratamiento» de la homosexualidad, que atenta contra los derechos de las personas, su voluntad, y que incluso tiene implicaciones penales.

La Asamblea Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, el 17 de mayo de 1990, ya que no es una enfermedad y no requiere cura por tratarse de una opción y un derecho de las personas.

El nuevo Reglamento resguarda los derechos humanos de las personas que sufren algún tipo de adicción garantizando un tratamiento adecuado en condiciones óptimas. Determina las condiciones para el permiso de los centros de recuperación, procedimientos empleados para ofrecer internamiento basado en el marco de respeto de voluntad de las personas, así como vigilancia en el tratamiento según la Normativa y Protocolos de Atención del Ministerio de Salud para los pacientes.

Asimismo, establece la prohibición del maltrato físico, psicológico, sexual, y cualquier tipo de violencia y discriminación en tratamiento de salud, sobre todo en aquellos relacionados con adicciones.

La normativa, que instaura una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Ministerio de Inclusión Económico y Social, Ministerio del Interior, entre otros, permite una perspectiva integral para garantizar el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos y permite la participación ciudadana mediante la implementación de veedurías.